Por Flavio E. Buchieri
Dr. en Economía. Profesor, investigador y consultor. Director Ejecutivo de El Club de Negocios.
www.flaviobuchieri.com
No merece otro apelativo que denominar como un GRAN ESPECTÁCULO (ahorrando otros términos más fuertes) lo que la política y la justicia están haciendo, en estos momentos, en torno al juicio que, por asociación ilícita, se le imputa a la actual Vice-Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), por las obras públicas ejecutadas en su mandato como Presidente. Es que los medios de comunicación reflejan los –aparentes- aceitados mecanismos que se formulan tanto para culpar a CFK como para absorberla, poniendo en evidencia el enorme proceso de deterioro institucional como cultural que está atravesando el país. Es, quizás, el momento culmine de una decadencia histórica que, si no fuera porque el país está alejado de los grandes problemas mundiales, amenazaría con su desintegración.
El “conventillo de la paloma” en que se ha convertido el juicio en cuestión no afecta sólo a los imputados. Tiene efectos más dramáticos y menos personales. Porque la teatralización de un problema de justicia común como es el delito que se juzga pone en cuestionamiento el Estado de Derecho, el reparto de los poderes públicos e institucionales, los límites y áreas de actuación de cada uno de ellos, y la conformación de la estructura burocrática del Estado, entre otros efectos. Son tantos los rasgos de este proceso, tan extendidos en el tiempo y tan enraizados que ya forman parte de los valores cotidianos de nuestra sociedad. Vale cualquier cosa que se diga!!! Ninguna irregularidad se puede probar!!! Está, así, en juego la República y, sin quererlo, también la democracia.
La justicia no ahorra sus propios defectos de forma cuando interviene. Porque todo el proceso de designación de jueces parece haberse trastocado desde que se creó el Consejo de la Magistratura, tras la reforma constitucional de 1994. La discrecionalidad en la que parece haber terminado todo el proceso de inicio, mantenimiento y hasta destitución de los magistrados termina conformando un problema institucional de máxima gravedad porque no se produce justicia cuando hay una denuncia. El propio poder habría dejado de actuar, me muchos casos, más por móviles políticos antes que institucionales.
Ahora bien, ¿qué estamos viendo en relación al proceso que afecta a CFK? Para un ciudadano medianamente formado e informado de la realidad, que le permite “leer mínimamente bajo el agua”, se pueden rescatar tres elementos:
a) es una cuestión de proceso judicial lo que se cuestiona detrás del juicio que se ejecuta; siempre que alguien se saltea un paso o actúa en una secuencia contraria a lo que el propio proceso indica o que perjudica a el/los otros agentes involucrados, se desata una impugnación a todo el proceso. Y esto demora y cuestiona la legitimidad del mismo;
b) CFK y todo el kirchnerismo hacen alusión a que el proceso está viciado desde el inicio porque los jueces y fiscales que entienden en la causa no son imparciales. Los juicios que afectan a Macri y compañía ameritan también los mismos argumentos. Así, quien “debe juzgarme no tiene capacidad moral para hacerlo”. Aun cuando muchos de esos funcionarios fueron propuestos, en su momento, por CFK y Macri, y que ahora los están juzgando, respectivamente;
c) En el peor de los casos, si CFK es encontrada culpable -resultado difícil, como bien lo expresó Miguel Pichetto, porque es complicado demostrar el involucramiento de la actual Vice-presidente en los cargos que se le imputan- y la sentencia queda firme (amerita instancias de apelación mayor, finalizando en la Corte Suprema), el dictamen final en cuestión no va a proceder antes de las elecciones del año que viene con lo cual el operativo proscripción no existe.
Lo expuesto no es lo más grave. Sume, estimado lector, los siguientes hechos al respecto:
a) No hay pruebas, aparente, para condenar a CFK, según sus defensores expresan. Pero tampoco habría hay pruebas de inocencia, como supuestamente la Vice-presidente iba a exponer en su pasada alocución en su propio canal de youtube.com. ¿Lo hará más adelante? ¿No quería declarar ahora, antes que el proceso continuara? La “cancha está embarrada”.
b) Si como bien dice Pichetto -que es abogado- es difícil probar su responsabilidad en el caso que se investiga, ¿por qué apostar a que se le va a condenar? ¿No es esto adelantarse a un resultado que tiene baja probabilidad de ocurrencia con la mera intención de alcanzar otros fines?
c) El Presidente anuncia que ha tenido amenazas y, al mismo tiempo, espera que el fiscal Luciani no “termine suicidándose como lo hizo Nisman”. La causa Nisman aún no tuvo veredicto. ¿No es esto una presión intimidatoria al fiscal por la acusación que ha hecho? Por otro lado, ¿no decía lo contrario, Alberto Fernández en relación al caso Nisman cuando no era Presidente?.
d) Varios Presidentes (y ex Presidentes) de la región abogan por la inocencia de CFK cuando aún no ha sido condenada. ¿No es esto entrometerse en los asuntos internos del país? ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos, por medio de su embajador, hubiera postulado –supongamos- la inocencia de Macri en la causa del correo argentino que lo afecta? ¿Esto sí sería un acto condenatorio?
e) El ex juez Zaffaroni afirmó que el único camino, en línea con lo que anunció el Presidente, es un indulto presidencial. ¿Están, de nuevo, suponiendo que CFK va a ser condenada? Si esto es así, ¿para qué anticipar una posible salida constitucional de este tipo?. Por otro lado, ¿no se anoticiaron que CFK aborrece esta idea?.
f) Todo el peronismo se alineó tras CFK, a pesar que hace tiempo que “no sabe qué hacer para sacársela de encima”. ¿Tienen miedo muchos peronistas con responsabilidades ejecutivas -hoy como en el pasado- que sean ellos quienes estarán en la picota mañana? ¿El espanto –y un pésimo resultado electoral en el 2023- los une de nuevo?
g) El PJ, con Máximo Kirchner a la cabeza, organizan masivos acto de apoyo a la inocencia de CFK. ¿Esperan que la justicia sea permeable a la presión de la calle? ¿No es esto involucrarse directamente en el proceso judicial?
h) La oposición pide un juicio político al Presidente por sus dichos y por apoyar a CFK. ¿Es el momento oportuno para hacerlo cuando éste último está en el peor momento de su mandato? ¿No agrega esto más incertidumbre política o es mera distracción?
Hace tiempo que estoy convencido que el país necesita de un gran acuerdo político que determine reglas de juego claras y simples que elimine la discrecionalidad de los diferentes actores, garantice el normal funcionamiento de los diferentes estamentos institucionales y que lo que es obvio no cambie de carril!!. El cambalache en que el poder político y el judicial están involucrados conduce al país a un callejón sin salida porque la falta de certidumbre institucional implica la debilidad de las reglas y normas del Estado de Derecho. Todo termina así dirimiendo en la Corte Suprema, la cual también es acusada de parcialidad. Por ende, hay una guerra desatada entre los tres poderes de la República.
En Octubre de 1977 el Presidente Adolfo Suárez (tras la muerte de Francisco Franco) convocó a todo el arco político e institucional español a la firma de un acuerdo que implicó el establecimiento de programa político y económico con medidas tendientes a estabilizar la administración de un país acechado por la pobreza y el fantasma latente del regreso de la dictadura militar. La clave de ese acuerdo -los Pactos de la Moncloa- fue la muy trabajada predisposición al consenso entre los sectores más moderados de centro derecha, al que pertenecía el designado presidente Adolfo Suárez, y los de centro izquierda -liderados por Felipe González- e incluso del Partido Comunista Español, que recién había sido legalizado a principios de ese año. No fue un acuerdo para nada sencillo, porque todos tuvieron que hacer concesiones a regañadientes, pero los frutos se vieron veintitrés años después: España ingresa, en el año 2001, a la Unión Europea. Y hoy es un país desarrollado.
Si no se replica en Argentina un esquema similar donde, por un lado, exista consenso sobre lo que hay que hacer en materia económica, política e institucional como, al mismo tiempo, cómo se organiza y administra la justicia en Argentina, no habrá solución a los problemas que vemos todos los días. Porque el problema económico del país es político. Pero este último, tiene raíz judicial. Macri y CFK deberían, por el bien del país, convertirse en grandes estadistas y llamar a dicho encuentro y convergencia. El riesgo de no hacerlo es profundizar la decadencia institucional y moral de Argentina.