Por Flavio E. Buchieri. Dr. en Economía. Profesor, investigador y consultor. Director Ejecutivo de El Club de Negocios.
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La inflación es un instrumento que utilizan los gobiernos para financiar un déficit fiscal que, casi siempre, es explicado por un aumento del gasto público y/o una caída en la recaudación de impuestos. Y esto acontece cuando no hay acceso al financiamiento, en particular, internacional. Actúa como un nuevo impuesto que es fácil de instrumentar: no requiere de su aprobación en el Congreso Nacional y, por otro lado, no se coparticipa con las provincias. Dicho esto, es fácil crear inflación. Pero muy difícil erradicarla!!!
Esto no sería grave si, como vemos en Argentina, la inflación tiene efectos colaterales: todos los precios de la economía suben y, por ende, no se puede diferenciar esto de lo que sería un cambio en el precio particular de un bien, con lo cual se afecta la actividad económica en general. Si, por otro lado, el déficit fiscal es creciente, se requerirá de más inflación para cubrirlo con lo cual el problema se agrava: la economía se reciente. Se visualiza el impacto de la inflación, a largo plazo: afecta negativamente a la actividad económica. Con ella, el empleo. Con ambos, aumenta la pobreza!!!
Por supuesto que hay otro efecto -que no es colateral- pero es el que se busca: siempre, a largo plazo, la inflación va acompañada por una caída en el poder de compra del salario. Porque es un impuesto y, como tal, debe ser recaudado de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Pues reduciendo el valor del peso. Y como la mayoría de la población percibe sus ingresos en esa moneda, cae su salario real, esto es, la cantidad de bienes que puede comprar. El Estado gasta así más, a costa del sector privado (o de cierta parte de este último).
En estos días, las paritarias que se están llevando a cabo y muchas otras que se están ejecutando, en un intento por evitar el impacto de la inflación sobre el salario real, están apuntando a que los reajustes de salarios contemplen cuál va a ser la inflación que se espera ocurra, más contemplar la que pasó. Esta doble vía implica “indexar” o ajustar los salarios para que el mismo, en particular, deje de atrasarse en relación a los bienes que afecta la inflación. Si bien esto tiene sentido para quien percibe salarios o ingresos en moneda local -está ganando consenso a nivel de muchos sindicatos, máxime cuando es defendida y/o estimulada por ciertas facciones del oficialismo- plantea un problema grave que está vinculado con el proceso que se quiere encarar para bajar la tasa de inflación.
¿Cómo opera lo expuesto? Reducir la inflación es complicado porque implica una disputa acerca de quién va a pagar los costos que dicha reducción esperada exige. Si se libera el proceso de negociación salarial, no es claro cómo el mismo va a operar (hay actividades que, por su centralidad, van a negociar mejores salarios que otros más débiles) por lo que, cuando se inicia un proceso de estabilización de la economía para, entre otros aspectos, bajar la inflación, aumentar la actividad económica y/o frenar la pérdida del poder de compra de los salarios, lo usual es que, para evitar tal reparto desigual de los costos que el proceso conlleva, se “acomoden” los patrones de ajuste de todos las variables que ingresan en dicho esquema.
¿Qué implica dicha secuencia? Pues que hay que “sincronizar” cómo se reducirá el déficit fiscal; qué nivel tendrá; qué aumentos de salarios van a ocurrir; cuál va a ser el aumento de tarifas; que tasa de devaluación se propondrá, etc. Como el componente salarial es uno de los más importantes en la estimación de los costos de producción y, por ende, en la rentabilidad de las empresas, un aumento de salarios mayor al que debería ocurrir, endogeneiza -esto es, retroalimenta- el problema: los empresarios trasladarán a precios tales ajustes y, por ende, los precios de la economía serán mayores.
Esto no sólo frustra el proceso de desinflación sino que la propia tasa de inflación se acelera o muestra resistencia a la baja. Así, el costo del ajuste que hay que llevar a cabo para que dicha baja se concrete es mayor: se va a requerir una caída de la actividad económica más grande para que la misma impida al ajuste de salarios que se pretende. O una suba mayor de la tasa de interés.
Si los salarios suben más que lo oportunamente requerido para que el proceso de reducción de la inflación acontezca, el resto de las variables como los precios de los bienes, las tarifas, los subsidios, los pagos en conceptos de jubilaciones y pensiones, el tipo de cambio, etc., se retroalimentan. ¿Cuál es el resultado? Mayor inflación a futuro. Por ende, estamos a las puertas de iniciar un camino riesgoso con inflación creciente que requeriría ajustes mayores. Si la actividad económica se reciente y/o la suba de la tasa de interés no contiene el stock de LELIQs, la huída del peso será mayor por lo que estaríamos sembrando las condiciones para el inicio de una hiperinflación. El único paraguas protector lo va a brindar el FMI, quien no creo va a viabilizar un proceso de indexación general de los contratos.
¿Es sensato plantear un esquema general de indexación, máxime cuando viene de parte del gobierno? A nivel individual o sectorial lo es; el problema es coordinar los ajustes en todos los sectores en el marco de un gobierno que no tiene ejecutores creíbles de política económica de peso (policymakers) ni reputación, poder y/o convencimiento para bajar la inflación. Si no es viable dicho esquema, por los reducidos márgenes que tiene el gobierno para instrumentar el mismo, se puede deducir que, por ahora, se inscribe en la disputa de palacio que reina en el oficialismo. No ya por el control del gobierno solamente, sino por las elecciones del 2023. Puro humo. ¿Para la tribuna?