Por Flavio E. Buchieri Dr. en Economía. Profesor, investigador y consultor.
www.flaviobuchieri.com
Es sensato suponer que haber estado frente a la muerte, a tan solo unos centímetros (y con posibilidad de que se repita o que haya sido más que un mero hecho aislado) es un acontecimiento que, sin lugar a dudas, impacta emocionalmente. Más aún, hasta para el más fuerte en términos del control de sus emociones, se comienza a ver la realidad de otra manera. Seguro será para siempre. Las precauciones y la incertidumbre permanente serán muy difíciles de superar. En definitiva, el afectado va cambiar su comportamiento. No será más el que solía ser hasta que el hecho funesto apareció.
El magnicidio fallido contra la Vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y el desencadenante de los acontecimientos posteriores no sólo se inscriben en la lógica psicológica que antes describimos. La dinámica de la política y la economía se aprestan a recibir los coletazos de un fenómeno que, por ser CFK el centro de esta situación, va a cambiar la correlación de fuerzas así como el tránsito de los próximos meses, donde las elecciones del 2023 ya están instaladas. Y la clase política ya está jugando al ajedrez con ello.
CFK ha manifestado, en los últimos días, la necesidad de comenzar a plantear acuerdos básicos para, en su creencia, reconstruir las instituciones -formales e informales- que permitieron al país no sólo salir de los días oscuros de la última dictadura sino que convalidaron la agenda de temas prioritarios para el país que se sucedieron desde 1983 en adelante. El juicio a las Juntas Militares y los consensos logrados en torno a los múltiples levantamientos militares que sufrió la democracia dan prueba de ello. A pesar luego que algunos avances tuvieron retrocesos producto de la coyuntura política y las necesidades del momento. Sin embargo, la democracia está consolidada. Preocupa el futuro y el lugar en el mundo que Argentina logre arribar.
Sin embargo, la realidad y el camino por el cual llegamos al cuadro presente muestran responsabilidades de todos los actores involucrados. Hablar así del “clima de violencia instalad” en nuestra sociedad, de sus potenciales financistas, de los intereses y objetivos que esconden, entre otros puntos, implica, de antemano, plantear un nuevo paradigma político donde, si es esto lo que se quiere lograr, deben quedar muy en claro los incentivos y las concesiones que deben hacerse (no hablo de establecer responsabilidades ni nombres) para que los acuerdos y/o consensos se alcancen.
Y es aquí donde instalar dicho clima y atribuir responsabilidades “a los otros” es una estrategia desafortunada. Porque la sociedad argentina como sus dirigentes están acostumbrados a usar la violencia como mecanismo de defensa, avance y/o consolidación de posiciones relativas. Somos una sociedad autoritaria donde la grieta marca el límite entre “los buenos (nosotros) y los malos (ellos)”!!! Más cuando el kirchnerismo utilizó tácticas que, al menos en términos comunicacionales, facilitaron la construcción de un poder político enorme, montado la épica de que ellos venían a cambiar lo que decidían “el poder concentrado, el establishment y los medios de comunicación afines”.
Hablar así de la violencia de los otros parece más bien un mecanismo de distracción antes que un paso necesario para lo que, como he dicho varias veces en esta columna, requiere el país: un gran acuerdo nacional que marque los límites de cada uno para que la sociedad argentina pueda proyectarse hacia el mundo desarrollado en veinte o treinta años.
No hay lugar a dudas que el juicio que involucra a CFK está también “colado” en la necesidad por lograr consensos que beneficien a todos, en particular, a ella misma. Puede ser cierto que el proceso esté viciado por fallas administrativas como que es muy difícil culpar -aparentemente- sin pruebas- a la Vice-presidenta por su rol como Jefa de una asociación ilícita. Sin embargo, lo que está claro es que, si finalmente no va a ser declarada culpable, semejante movida oculta también las verdaderas necesidades del oficialismo de cara a sus propios electores como a las elecciones del año que viene.
El oficialismo está muy débil, por eso la necesidad de plantear un acuerdo para facilitar la transición hacia el próximo gobierno. Esto es producto, primero, de la dinámica política interna, donde el poder no lo tiene el Presidente sino su Vice. Y hemos visto cómo la segunda interviene cuando el primero no acude en respuesta a lo que CFK considera como prioridades o instrumentos de gestión. En segundo lugar, la agenda de temas prioritarios para la Vice es diferente de lo que el país necesita y, más aún, su posicionamiento ideológico no es claro (sí, estimado lector, no es claro!!!), amén que las herramientas de intervención cada día pierden efectividad por la dilución del poder real para disciplinar a quienes no se alineen con el credo oficial. Por último, la mala performance de la economía, hoy anestesiada por el tiempo de espera que el mercado le ha otorgado al hiper-kinético Ministro de Economía, marcan también los límites de la competitividad del oficialismo para el 2023.
Los factores expuestos y la forma comunicacional con la que se plantea la necesidad de un amplio acuerdo generan la sensación de enmascarar otros objetivos. Más allá de los consensos de reforma estructural que el país necesita de cara a reducir la pobreza, la inflación, la pérdida de salario real, la falta de dólares, etc., como superar la decadencia cultural en la que estamos inmersos. Así, no es descabellado pensar que pocos asistirán al convite, si la estrategia de “palo (para los enemigos) y zanahoria (para los amigos)” se fortalece. Se condena así un intento loable a ser menospreciado aún antes que el mismo se instale como necesario.
Las enseñanzas del Pacto de Olivos, establecido entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en los años 1992-1993, brinda algunos elementos para contrastar con la dinámica actual. En primer lugar, fue planteado por el más débil (Alfonsin) ante el avance inexorable del menemismo. Luego, pretendió sacar rédito del plebiscito que Menem pensaba implementar (y que luego canceló) para validar una Reforma de la Constitución que permitiera su re-elección. Tercero, la nueva Constitución habilitó la instauración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la elección de su Jefe de Gobierno, la creación del Consejo de la Magistratura (para elegir y/o remover a los jueces federales) así como el establecimiento del tercer Senador por cada provincia, en un intento por fortalecer a la UCR. Resultado de todo ello: el Menemismo estuvo diez años en el poder. Y el radicalismo no fue, a partir de ello, una fuerza política que tuviera poder real para transformar el país. Se conformó con el segundo lugar!!!
De cara a esta experiencia: ¿tendrá efectividad la convocatoria de CFK a un acuerdo cuando hoy parece ser la fuerza minoritaria, en términos del poder potencial que ya se proyecta para el 2023? ¿Podrá la economía darle buenas noticas al gobierno con el fenomenal ajuste que está llevando a cabo? ¿Tiene incentivos Macri, el PRO, Cambiemos y el radicalismo de hoy sentarse a una mesa donde siempre van a ser tildados como los “responsables de la violencia que impera en el país”? ¿Están, estos últimos, esperando una disculpa pública por parte del kirchnerismo’ ¿O es el “abrazo del oso” que el gobierno quiere darle a la oposición para compartir los costos de la situación actual?.
Muchas preguntas y hoy infinitas respuestas aunque, sin dudas, pocas pueden ser ciertas. Sí se debe plantear que es necesario, entonces, cambiar los incentivos para acordar. Entre ellos, los judiciales, que también afectan a Macri. Sólo una agenda clara de puntos a acordar, sin atribuir responsabilidades por el fracaso que vivimos, y mirando para adelante pueden ser los únicos elementos que permitan superar la coyuntura. Porque la necesidad de un acuerdo es concreta. La pregunta, por encima de las anteriores es quién cederá, para que todos ganen. ¿Quién pondrá la otra mejilla!!!?
